Venezuela: Campesinos, trabajadores y movimientos sociales piden fin de la impunidad

Miles de partidarios de la revolución bolivariana tomaron las calles de Caracas este martes 07 de junio para exigirle al Gobierno que ponga fin a la impunidad y a la criminalización de la protesta popular. La marcha multitudinaria respondió al llamado de los movimientos sociales que hacen vida en nuestro proceso revolucionario y en el PSUV, como por ejemplo la Corriente Bolívar Zamora, El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, la Unión Nacional de Trabajadores, Movimiento de Pobladores, Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios y otros colectivos. La marcha tuvo lugar en un contexto de grandes problemas y hechos absolutamente repugnantes por parte del aparato estatal, evidenciado por las recientes revelaciones sobre corrupción en el cuerpo policial (CICPC).
Los manifestantes pidieron que cese la represión a los movimientos sociales y el castigo a los autores materiales e intelectuales del sicariato. Además se escuchó un fuerte rechazo a las purgas de la burocracia dentro de los medios de comunicación del estado, como vimos con los despidos de periodistas críticos en la Radio del Sur.
Otro reclamo de los movimientos sociales es que el Gobierno bolivariano termine con la entrega de revolucionarios a la justicia burguesa de Colombia o a los Estados Unidos. Los casos de Joaquín Pérez Becerra y más recientemente, Julíán Conrado, ha provocado un fuerte descontento en las bases del movimiento revolucionario y del PSUV.
Mientras los principales actores detrás del fallido golpe de estado de 2002 andan en libertad, conspirando contra nuestra revolución, el Gobierno está entregando a luchadores sociales, acusados de “terrorismo” en Colombia.
Uno de los ejemplos de cómo la justicia burguesa está siendo utilizada contra la clase obrera y los pobres, es el expediente que se ha abierto contra los trabajadores sindicalistas despedidos de Mitsubishi en Barcelona, acusados de “violación a la propiedad privada y daños genéricos”, buscando una pena de prisión de hasta siete años. La lucha contra estas agresiones de la empresa multinacional se inscribe en la misma lista de exigencias de los movimientos populares.
La marcha paró frente a la Fiscalía General de la República para que una comisión subiera y entregara un documento con las principales reivindicaciones de los colectivos, y de allí continuó hasta la Asamblea Nacional en Capitolio.