viernes, 16 de junio de 2023

El ensañamiento de la justicia venezolana contra Johana González

 


Escrito por: Wilmaira Ríos

Eduardo Galeano señaló en algún momento que «la justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos», una metáfora a la vez bella y dura sobre el carácter de clase de la justicia capitalista. En los últimos años hemos sido testigos de cómo la criminalización y judicialización de la clase obrera forma parte de la política cotidiana que llevan adelante quienes actualmente ostentan el poder en Venezuela. Tomándole la palabra a Galeano, en Venezuela la serpiente de la in-justicia sabe muy bien a quién debe morder y a quienes no.

Son varios los casos emblemáticos que se pueden mencionar a ése respecto: los líderes sindicales Eudys Girot, Marco Sabariego y Gil Mujica; los controladores aéreos Guillermo González y Derbys Rodríguez; y los ingenieros Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, pero hay muchos otros.

En las líneas siguientes me voy a referir al caso de la trabajadora de PDVSA Etanol Johana González, quien desde hace diez años se desempeñó como analista de operaciones portuarias y fue utilizada como chivo expiatorio para encubrir a los verdaderos mafiosos de la chatarra en la estatal petrolera.

Johana fue detenida el 18 de marzo del año 2021, cuando por voluntad propia acudió a las autoridades a declarar, ya que había sido mencionada en una investigación. Estuvo en condición de secuestro durante cuatro días y el 22 de marzo le notificaron que estaba privada de libertad. Inmediatamente después fue trasladada al Palacio de Justicia de Caracas donde le imputaron los delitos de peculado doloso impropio, forjamiento de documentos, mal uso de sello, asociación para delinquir y tráfico de material estratégico.

Su primer centro de reclusión en Caracas fue el Helicoide, sede del SEBIN, donde permaneció hasta el 2 de julio del año 2022. Desde entonces permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Retardo procesal y violación al debido proceso

Al igual que todos los trabajadores injustamente privados de libertad Johana ha sido víctima de retardo procesal. Su audiencia preliminar fue diferida en siete oportunidades. Finalmente, la audiencia fue realizada el 2 de diciembre del año 2021, es decir, 9 meses después de detenida.

En la audiencia preliminar, sin mostrar ningún medio de prueba contra ella, el Ministerio Público ratificó los delitos que se le imputaban.

¿Declararse culpable bajo coacción o someterse al calvario de la fase de juicio?

En esa misma audiencia preliminar, el juez José Mascimino Márquez, hoy privado de libertad y acusado de corrupción, le presentó dos opciones a Johana González.

La primera opción, acogerse al procedimiento de admisión de los hechos. Luego, él como juez dictaría una condena máxima de 5 años de prisión, lo que automáticamente le daría la oportunidad de optar a un beneficio procesal: suspensión de ejecución de la pena y libertad condicional. Esto, luego de cumplir con un conjunto de trámites, como la aprobación de una prueba psicosocial.

La segunda opción era no admitir ningún delito. Entonces él como juez ordenaría pasar a la fase de juicio, lo que significaba seguir privada de libertad por un tiempo incierto. Al igual que la audiencia preliminar, las audiencias de juicio se podían diferir y convertirse en un calvario, debido al brutal retardo procesal del que son víctimas las y los privados de libertad en el país.

Dado que su situación jurídica no se había logrado resolver rápidamente, a pesar de ser inocente, y viendo que muchas de sus compañeras de prisión llevaban años en la fase de juicio, con la ilusión de salir libre para esa navidad de 2021 Johana terminó admitiendo los delitos menos gravosos: peculado doloso impropio y agavillamiento. 

Orden de excarcelación

El 29 de abril del año 2022, quienes apoyaban la lucha por su libertad a nivel jurídico lograron la orden de excarcelación. Inmediatamente, la boleta correspondiente fue enviada al INOF. Ese mismo día Johana fue sacada de su celda y llevada al área de resguardo, donde permaneció por varios días. Pensó que ya la pesadilla estaba llegando a su fin y que del área de resguardo saldría a su casa, pero lamentablemente no fue así. Johana fue regresada a su celda, porque la entonces Ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, no había autorizado su libertad.

Durante casi un año sus familiares, junto al Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de las y los Trabajadorxs Presxs, realizaron varias diligencias ante los organismos responsables a fin de que estos actuaran con celeridad de cara a la libertad de la compañera. Entre ellos, ante el propio Ministerio de Servicios Penitenciarios, siendo atendidos en esa oportunidad por la exministra Contreras.

De igual forma, se denunció ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo el no cumplimiento de la orden de excarcelación por parte del centro de reclusión y del ministerio responsable. Dice el refrán que entre bomberos no se pisan la manguera, y eso se ve en la actitud de las dos instituciones mencionadas anteriormente. Hasta ahora ninguna ha hecho nada en defensa de González.

Contrario a otorgarle su libertad, Johana ha sido sometida a condiciones inhumanas y malos tratos.

El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 5, reza: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta”, lo que nos sigue mostrando cómo se violan de manera flagrante los derechos de Johana.

Derogación de la orden de excarcelación

En el mes de abril del año en curso, a casi un año de emitida la orden de excarcelación de Johana González, el mismo tribunal que otorgó la boleta de excarcelación dictó auto de ejecución de la sentencia, es decir, dejó sin efecto la orden de excarcelación y convino reponer la causa. Esta acción estuvo amparada en el art. 110 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, considerando que la Procuraduría no había sido informada de la libertad de González, asunto que es responsabilidad del mismo tribunal, y que el tribunal nunca llevó a cabo. Por otro lado, en realidad Johana nunca llegó a ser puesta en libertad. Utilizan un tecnicismo jurídico para justificar el secuestro de facto Johana.

Nueva lucha por medida de suspensión condicional de ejecución de la pena

Aun con la moral por el suelo, y después de todo el calvario que ha constituido para Johana y su familia el proceso de su privación de libertad, nuevamente se aportaron todos los requisitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una medida de suspensión condicional de ejecución de la pena. Una vez más Johana se sometería a la prueba psicosocial.

En efecto, en un operativo que la llamada “comisión presidencial para la revolución del sistema de justicia”, llevó a cabo en el INOF la primera semana de mayo, se le realizó la evaluación psicosocial.

Johana expresó que la prueba fue igual a la anterior e iguales fueron sus respuestas. La primera prueba psicosocial había sido aprobada –evidentemente- y por ello fue que le otorgaron la orden de excarcelación el 29 de abril del año 2022. En esta segunda oportunidad, Johana “casualmente”  apareció reprobada. Otra terrible prueba del ensañamiento que hay contra esta humilde mujer venezolana.

Mujer, pobre e inocente

Johana González es una mujer venezolana que proviene de una familia humilde, de clase trabajadora. Una joven que como todos los pobres de nuestro país se sacrificó para estudiar a fin de obtener una profesión. Su ejercicio profesional se ha caracterizado por la honestidad y responsabilidad dentro de la administración pública, pero ahora se encuentra en una cárcel.

Tiene dos hijos, uno de 15 y otro de 6 años de edad respectivamente, a quienes no ha podido abrazar desde que está privada de libertad. El hijo mayor está próximo a graduarse de bachiller. El hijo menor sufre de acidosis tubular renal, por lo que debe recibir una dieta especial. Para Johana, el no estar junto a sus hijos en estos momentos en los que tanto la necesitan, le han causado cuadros de depresión, que también mellan su salud corporal. Ha sufrido una drástica pérdida de peso, tiene problemas de circulación, caída abundante del cabello y desórdenes hormonales.

Solidaridad de clase

Desde Lucha de Clases hemos acompañado la lucha que el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de las y los Trabajadorxs Presxs lleva adelante para lograr la libertad de esta trabajadora.

Secciones hermanas de la Corriente Marxista Internacional desde Estados Unidos, México, Italia, Brasil, Argentina y Gran Bretaña han alzado su voz demandando la libertad de Johana.

Ratificamos nuestro apoyo a la lucha por la libertad de ella y de todos los trabajadores presos, al mismo tiempo que denunciamos que las instituciones responsables de ejercer la justicia en Venezuela no han mostrado voluntad política alguna para parar la violación de los derechos de esta trabajadora. Al contrario, han violado su derecho a la libertad en reiteradas ocasiones. Exigimos que acaben con esta infamia y le concedan libertad plena.

¡Liberen a Johana González!

¡Libertad Para Johana González!

¡Liberen a los Trabajadorxs Presas!


viernes, 7 de abril de 2023

Concedida libertad a trabajadores petroleros: una victoria de la clase obrera


La política gubernamental de criminalización de la lucha y la organización obrera de los últimos años, ha resultado en la detención de cientos de trabajadores inocentes. Esta situación ha generado el rechazo de la izquierda y las bases del chavismo, quienes han organizado diversas plataformas de solidaridad para visibilizar los múltiples casos y exigir justicia.

Las últimas semanas de la política nacional han estado movidas por el gran escándalo de corrupción estatal, que hasta ahora ha resultado en la detención de altos funcionarios y empresarios asociados al gobierno. Las revelaciones de tramas de la directiva de PDVSA y sus tentáculos en el sistema judicial, arrojaron a la opinión pública nuevas luces sobre el rapaz accionar de las cúpulas al frente del Estado, la inocencia de los trabajadores encarcelados, así como los vicios de los procesos a los que estos últimos han sido sometidos. La exigencia de libertad a los inocentes, que no ha mermado desde el comienzo, fue creciendo como la espuma con el paso de los días.

El sábado 1 de abril, el líder sindical Marcos Sabariego envió un sorpresivo audio de poco más de cuatro minutos a través de las redes sociales para anunciar que él y su compañero de lucha, Gil Mujica, habían sido liberados. “Hoy en día me encuentro en libertad plena. Sí compañeros, libre de toda culpa de la cual habíamos sido señalados por unos ciudadanos, que abusando de sus respectivos poderes de los puestos que ostentaban nunca les importó, ni les importará jamás el daño que le pueden generar a los hombres y mujeres que ellos mismos arrastran a sus pasos, dejando sufrimiento e indignación en su recorrido”.

En el mismo audio, Sabariego expresó: “El pasado 9 de marzo, después de tres años y cuarenta y cuatro largos días, el tribunal dictaminó que no existía motivo alguno para que nosotros siguiéramos con dicha medida (…) los declaran inculpables y los absuelven, así como se ordena la inmediata libertad plena y se deja sin efecto toda medida de coerción personal que versa contra nosotros”.

De igual forma, agradeció a todos los que les acompañaron en la lucha por su libertad y añadió que espera vengan tiempos mejores.

Sabariego y Mujica, ambos dirigentes obreros de la Refinería El Palito, fueron detenidos en el año 2020 luego de participar en una asamblea de trabajadores donde exigían mejoras laborales. En aquel momento fueron detenidos sin orden judicial por la guardia nacional, y posteriormente acusados sin pruebas de agavillamiento e instigación. A todas luces, ambos compañeros fueron víctimas de la política de persecución a la lucha y organización obrera del gobierno y también del brutal retardo procesal que martiriza y violenta los derechos fundamentales de los privados de libertad.

Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos en libertad

Pero la alegría que causó la noticia de la libertad plena para Sabariego y Mujica, no quedó allí. En horas de la tarde del mismo sábado 1° de abril, a través de su cuenta twitter, el periodista Vladimir Villegas dio un tubazo absolutamente inesperado: Tribunal Supremo de Justicia declara libertad plena para Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, trabajadores de PDVSA acusados de espionaje. Rápidamente, la noticia sería confirmada por los mismos Aryenis y Alfredo, a través de un video publicado en la cuenta twitter del Comité por la libertad de Aryenis y Alfredo.  

Visiblemente emocionados, los compañeros expresaron: (…) A todas, a todos a los movimientos populares, a las organizaciones internacionales, políticas, a la familia, hermanas, hermanos, tías, tíos. A todo el pueblo en general que tomó esta lucha como su bandera, que la llevó en el corazón por la honestidad, por la justicia, por la verdad le agradecemos y les invitamos que hoy celebren con nosotros. Es una victoria de una lucha, falta aún ganar la batalla final, pero aquí seguimos y sigan con nosotros por favor.

Al igual que Sabariego y Mujica, Aryenis y Alfredo fueron detenidos en el año 2020 luego de presentar numerosas denuncias de la participación de directivos de PDVSA en actos de corrupción. Estos compañeros, quienes se desempeñaban como gerentes de la empresa, frenaron algunas acciones que buscaban desfalcar al Estado, convirtiéndose en blanco de altos funcionarios y dirigentes políticos corruptos. Acto seguido fueron acusados de terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria y espionaje.

El fiscal general de la república, Tarek William Saab, violando olímpicamente el derecho de presunción de inocencia, en su momento declaró que Alfredo y Aryenis entregaban información a la CIA. Finalmente, sin pruebas en su contra, fueron condenados por este último delito a 5 años de prisión.

Aryenis y Alfredo, al igual que todos los trabajadores judicializados por luchar, fueron víctimas de violación de sus derechos humanos: detenciones arbitrarias, expedientes amañados –sin pruebas que sustentaran los delitos de los que se les acusaban–, vulneración del derecho a la defensa, retardo procesal y la ya mencionada presunción de inocencia.

En el caso específico de Alfredo Chirinos, fue sometido a tortura física durante 48 horas sin permitirle ingesta de agua ni alimentos. Además fue golpeado salvajemente y sometido a asfixia mecánica con una bolsa de plástico contentiva de un químico que provocó abrasiones en su rostro.

Por su parte, Aryenis Torrealba fue aislada en una habitación con aire acondicionado a la más baja temperatura con solo una silla, sin tampoco permitirle consumir alimentos ni agua de forma regular durante 3 días, lo que le causó ataques de pánico.

Este tipo de prácticas deleznables son propias del llamado ”monopolio de la fuerza” que todo Estado burgués ejerce contra los ciudadanos en las sombras, para salvaguarda de los intereses de las clases dominantes y clanes burocráticos diversos. Hipócritamente la burguesía y sus representantes en Venezuela y el mundo se horrorizan de la tortura en Venezuela, mientas guardan silencio ante las reiteradas violaciones de derechos humanos en países con gobiernos aliados o en sus propios países.

Victoria de la organización popular

Como ya hemos comentado anteriormente, la condena de Aryenis y Alfredo era de 5 años, sin embargo, cumplieron injustamente con 3. La boleta de notificación del tribunal señala: “DECLARA EXTINTA LA RESPONSABILIDAD PENAL por cumplimiento de pena (…) LIBERTAD PLENA POR CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE CINCO (05) AÑOS DE PRISION”.

Aunque de acuerdo al cómputo les correspondía la suspensión condicional de ejecución de la pena, faltaba aún la realización de la prueba psicosocial por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios, prueba por la que los comités por la Libertad de Aryenis y Alfredo y de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, habían realizado cuatro plantones sin recibir respuesta alguna.

La decisión del tribunal muestra claramente el conjunto de irregularidades y arbitrariedades de la justicia burguesa nacional. Así, se está declarando extinta la pena por cumplimiento de responsabilidad penal a una injusta condena que aún le restaban 2 años. Este fallo fue un vergonzoso recurso con el que se resolvió desde arriba liberar a los compañeros, pero sin declararlos inocentes. Fue ante todo una decisión política al igual como lo fue su encarcelamiento, un hecho que de nuevo deja muy mal parada a las instituciones ante la sociedad.

Está claro que el escándalo de corrupción que encubre un ajuste de cuentas entre camarillas burocráticas, arrojaba la inocencia de los trabajadores que han sido liberados y los que aún permanecen en la cárcel. La presión ejercida por los comités y organizaciones políticas, así como la solidaridad popular extendida, movió a quienes dictan las órdenes a los tribunales a liberar a estos compañeros trabajadores, aunque claro, sin que el Estado reconozca públicamente su error.

Desde la Corriente Marxista Internacional en Venezuela – Lucha de Clases, celebramos la libertad conquistada por Marcos Sabariego, Gil Mújica, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos quienes habían sido judicializados por orden de las mafias de PDVSA, en el marco de la política de persecución gubernamental a la lucha obrera. Sin embargo, seguimos exigiendo que se declare libertad absoluta y reparación de daños por parte del Estado.

Esta es una victoria para el conjunto de la clase obrera nacional e incluso internacional, entendiendo que múltiples organizaciones de izquierda en América y el mundo formaron parte de esta lucha. Pero, principalmente, es una gran victoria para el Comité por la Libertad de Aryenis y Alfredo, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, y de todo el conjunto de organizaciones y personalidades que acompañaron esta lucha en el terreno.

La magnitud de esta pequeña victoria, es mayor aún, entendiendo el duro período –sin precedentes históricos– por el que atraviesa la clase obrera venezolana, marcado por el descarrilamiento de la revolución bolivariana, el paquete de ajuste capitalista del gobierno Maduro, las sanciones imperialistas y la crisis económica y social, que, en suma, se traducen en una profunda desmoralización de las y los trabajadores venezolanos.

Sin embargo, el júbilo que sentimos no nos hace olvidar que todavía permanecen encarcelados cientos de trabajadores para los cuales seguiremos exigiendo libertad plena. Entre ellos: Johana González, también trabajadora de PDVSA, privada de libertad desde el año 2021, usada como chivo expiatorio para encubrir a mafias de la chatarra de la estatal petrolera. Desde abril de 2022 tiene boleta de excarcelación y sigue en condición de secuestro en el INOF.

Demandamos absolución de todo proceso judicial sobre estas trabajadoras y trabajadores, porque son inocentes y así ha sido demostrado.

¡Basta de criminalizar y judicializar a la clase obrera!

¡Que caigan todos los corruptos!

¡Que caigan todos los peces gordos!

¡Organización obrera y revolución socialista!

#LiberenALxsTrabajadorxsPresxs

Fuente: https://luchadeclases.org.ve/?p=11290

viernes, 13 de enero de 2023

Finalmente ¡La China ha sido puesta en libertad!


Por Elías Chacón Neri de Lucha de Clases (CMI-Venezuela)

Después de dos años de injusta privación de libertad en el penal de Ezeiza, y numerosos vejámenes y violaciones a sus derechos humanos fundamentales por parte de funcionarios del Estado –policía, institución carcelaria, Fiscalía y tribunales-, La China ha logrado recobrar su libertad.

La China es una mujer venezolana, trabajadora, migrante y madre de dos hijos, conocida públicamente bajo dicho seudónimo. Reside en Buenos Aires Argentina, al menos desde el año 2017.

En un artículo previo explicamos que ella sufre de un trastorno poco conocido, denominado trastorno de negación del embarazo o embarazo críptico.

Como consecuencia de ello, en diciembre de 2020 La China no pudo tomar consciencia temprana de que estaba embarazada. El 16 de diciembre, La China sufrió de sangrado profuso, y pensó que se trataba de un caso de menstruación, que además se habían tornado muy frecuentes en el contexto de elevado estrés psicológico, como consecuencia del deterioro de sus condiciones laborales, económicas y familiares durante la pandemia. Ello le causo la pérdida del feto.

Por haber sufrido de esa emergencia obstétrica, fue considerada como una asesina por el Estado argentino, y acusada de homicidio agravado por vínculo.

El pasado 14 de noviembre inició el juicio en su contra, luego de dos años de reclusión en condiciones infrahumanas, las mismas que deben afrontar día a día muchas otras mujeres también allí recluidas.

Elementos para el balance

Faltando poco para el inicio del juicio, diversas organizaciones feministas y de mujeres de Argentina tomaron su caso como una importante bandera de lucha, contra el legado reaccionario de la penalización del aborto y de las emergencias obstétricas en el país.

Gracias al acompañamiento y la difusión pública del caso de La China por parte de estas organizaciones, su historia ha sido conocida por miles de mujeres trabajadorasy trabajadores en Argentina y en el continente.

Salvo un par de notas de prensa en Venezuela, el caso había pasado desapercibido hasta el inicio del juicio entre la izquierda y el movimiento de mujeres en este país.

Por ello, desde la CMI también nos sumamos a esa campaña el pasado noviembre, con la publicación del artículo mencionado arriba (Criminalización de la mujer por emergencias obstétricas: El caso de La China),en el que se detallan los pormenores de su caso.

El artículo tuvo impacto entre sectores de la izquierda en Venezuela, sobre todo ligados a la base histórica del chavismo, al igual que entre compañeras venezolanas que viven y militan en Argentina, como es el caso del colectivo Chavismo Sur. Desde esta organización se planteó el caso al Ministerio de la Mujer y la Comisión de Familias, Religión y Culto de la Asamblea Nacional de Venezuela y la embajada venezolana en Argentina, así como ante antiguos funcionarios diplomáticos como la periodista Helena Salcedo, quien en el pasado ya había logrado la repatriación de venezolanos privados de libertad en el extranjero, para que pudiesen cumplir el término de la pena en Venezuela.

Es necesario acotar que en el caso de la trabajadora Johana González, arbitrariamente privada de libertad por el Estado, desde el Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos se le planteó personalmente a la diputada Asia Villegas, presidenta de la Comisión de Familias de la AN, intervenir en su caso para lograr su inmediata libertad. Johana está en estos momentos, faltando 4 días para noche buena, secuestrada por el Estado, en tanto ya cuenta con boleta de excarcelación desde hace meses. Hasta el día de hoy la diputada Asia Villegas no ha dado respuesta ni muestras de intervenir a su favor.

Al momento de publicar el artículo, la embajada venezolana no tenía aún conocimiento del caso. Es posible que estas gestiones hayan jugado un cierto papel en el resultado favorable del juicio. Sin embargo, hay que señalar que el acompañamiento fundamental a La China en la lucha por su libertad vino de parte de organizaciones del movimiento de mujeres, sociales, de defensa de los derechos humanos y de izquierda en Argentina. Entre los siguientes cuatro agrupamientos se presentaron como amicus curiae en la causa: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de la Asociación de Pensamiento Penal (APP), la Cooperativa Esquina Libertad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables.

La presión política de estas organizaciones logró primero el beneficio procesal de arresto domiciliario, hacia finales de noviembre, y finalmente, el día lunes 12 de diciembre, la libertad plena de La China, constituyéndose en una pequeña victoria más para las mujeres trabajadoras de Argentina y del continente, contra la bárbara opresióny explotación de clase y patriarcal que sobre ellas ejercen los Estados capitalistas.

Sin la presión política que ejercieron todas estas organizaciones sobre el Estado, expresada en las manifestaciones de calle y la propaganda y agitación en las redes sociales, podría no haberse logrado la libertad de La China. No hay otro camino que la lucha política para que la clase obrera, en todas sus expresiones, pueda arrancarle victorias económicas, sociales y políticas al Estado capitalista.

El resultado del juicio

El caso de La China, como también otros antes que este, ha puesto en evidencia la podredumbre que reina en el aparato de Estado, y cómo el papel de este no es otro que el de disciplinar a las mujeres pobres, como parte de la clase obrera, por no cumplir con los estándares que la burguesía como clase ha establecido históricamente sobre la maternidad.

La fiscal señaló que en el juicio fueron utilizados como alegatos, construcciones conceptuales sociales sobre el papel de las mujeres frente a la maternidad. Por ejemplo, aquella de la “buena madre”, que establece como una norma inconsciente el mandato social de las madres de asumir la maternidad ante cualquier circunstancia, obligando así a todas las gestantes a reconocer el embarazo ante la sociedad y ante el derecho, sin que importe la existencia de un trastorno que trastoque la percepción de la madre gestante de su propio embarazo. Un razonamiento de tal naturaleza justifica a los ojos del Estado y su funcionariado la reprobación sin equívoco a una mujer que no sea capaz de reconocer su propia gestación.

Por su parte, Indiana Guereño, directora del Observatorio de la Asociación de Pensamiento Penal, señaló sobre la judicialización de La China que “el castigo es el propio proceso”, recordando las vejaciones que La China sufrió desde el día que fue detenida, como expresión concreta del disciplinamiento de las mujeres trabajadoras por el Estado capitalista.

La lucha continúa: por la emancipación de la mujer trabajadora y la abolición del capitalismo

A pesar de esta victoria, aún existen mujeres trabajadoras y pobres castigadas arbitrariamente por el Estado argentino, como consecuencia de haber sufrido emergencias obstétricas antes de la promulgación de la ley del aborto en diciembre 2020. La propia China, tuvo la oportunidad de constatar la existencia de tales casos mientras estuvo en prisión. Según Rosana Fanjul, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, actualmente hay todavía 45 casos de mujeres privadas de libertad como consecuencia de emergencias obstétricas.

Lo anterior pone en evidencia que la lucha por le emancipación real de las mujeres trabajadoras sigue siendo una tarea pendiente, en toda la América, y aún en la Argentina a pesar de los avances en los últimos dos años.

Una lucha que debe estar ligada necesariamente a la abolición del Estado burgués, a la expropiación sin indemnización de las palancas económicas que hoy están en las manos de los capitalistas, y a la planificación democrática de la economía, bajo el control y dirección de la clase obrera. Parafraseando al viejo Lenin, no habrá emancipación real de la mujer trabajadora mientras sigan existiendo las bases materiales de su opresión, ni tampoco habrá igualdad real entre hombres y mujeres mientras subsistan las causas materiales de la opresión patriarcal sobre estas últimas.

lunes, 28 de noviembre de 2022

Criminalización de la mujer por emergencias obstétricas: El caso de La China

 


Por Elías Chacón Neri de Lucha de Clases (CMI-Venezuela)

El pasado lunes 14 de noviembre comenzó el juicio oral y público de La China, una migrante venezolana presa en Argentina desde hace dos años en el penal de la ciudad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, acusada de homicidio agravado por vínculo como consecuencia de haber sufrido una emergencia obstétrica. 

Al igual que ha ocurrido con otros tantos millones de trabajadores y trabajadoras venezolanas, que han padecido en el alma y en la piel los latigazos de una de las peores crisis capitalistas de la historia –nos referimos a la que ha vivido nuestro país en la última década–, La China decidió emigrar de su terruño natal  en el año 2017 hacia Argentina, buscando otro mercado laboral donde vender su fuerza de trabajo a un mejor precio, para así poder ofrecer una vida más digna a sus dos hijos. 

Nos referimos a ella solo utilizando el apodo “La China”, que es como sus amigos y familiares en Venezuela solían llamarle, porque ha querido resguardar su identidad. Ella es una mujer de 43 años, oriunda de Anzoátegui, en el oriente venezolano, de clase trabajadora y profesión contadora, madre de dos hijos. Nunca antes había estado en prisión, no tiene experiencia alguna de lo que significa vivir y sobrevivir allí, y su situación de seguridad física es delicada. Su abogado explica que debido al crimen del que se le acusa, podría ser atacada por otras reclusas. 

El trastorno de negación del embarazo 

Tal y como ella relata en un testimonio escrito desde prisión –y que compañeras del movimiento feminista han hecho público en las redes sociales de cara al juicio que inició la semana pasada–, La China sufre de una compleja condición psicológica denominada trastorno de la negación del embarazo, también conocida como embarazo críptico, una condición que aún hoy no deja de ser enigmática para la ciencia. 

El trastorno de negación del embarazo es una psicopatología en la que la madre no logra hacerse consciente de su gestación, y además su cuerpo no experimenta cambios físicos que evidencien tal proceso. En pocas palabras, las madres no se dan cuenta que están embarazadas y tampoco ocurren grandes cambios manifiestos en sus cuerpos, que les ayuden a darse cuenta de ello. 

Aunque puede sonar paradójico, es una condición ya reconocida por psiquiatras perinatales y otros especialistas del área. No obstante, todavía hay bastante desconocimiento al respecto de sus causas y de los mecanismos que operan en el cuerpo y mente de las mujeres que lo sufren. 

Este fenómeno es estudiado principalmente por la psicología, como un trastorno de la consciencia de la madre gestante del proceso fisiológico de gestación que está viviendo. Por ello también se le denomina ausencia de gestación psicológica. El psiquiatra perinatal Benoite Bayle le considera una rara psicopatología del embarazo. No obstante, es un fenómeno de clara evidencia factual, es decir, con evidencia material comprobable: los cambios fisiológicos en el cuerpo de la madre no ocurren como debiesen ocurrir. Aún así, hasta la fecha ha sido poco estudiado propiamente por la obstetricia como fenómeno físico del cuerpo de las gestantes. 

Los especialistas han llegado a compararlo con el embarazo psicológico, considerándole una suerte de opuesto simétrico de este. Así como el embarazo psicológico implica la somatización de un cierto estado mental de la paciente, el trastorno de negación del embarazo también lo implica, pero de forma contraria: la paciente niega su embarazo –de forma inconsciente-, y en consecuencia el cuerpo bloquea la aparición de los síntomas correspondientes. En todo caso, esto es algo que aún está en debate. La psiquiatra perinatal Irene Bolsa, del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal explica que hay más casos observados y comentados en la prensa que en los propios libros de obstetricia, y los casos pueden generar incredulidad entre los médicos. 

El trastorno puede ser parcial –la mujer, su pareja u otro familiar se da cuenta del embarazo en algún punto intermedio del embarazo–, o total –la mujer se da cuenta de que está embarazada incluso en el momento de parir–, lo que generalmente pone en riesgo la vida de la madre y del bebé. Este último subtipo de trastorno se ha observado, según investigaciones europeas, en uno de cada 25.000 embarazos. 

Existen causas de orden físico como las características del útero de la madre, que pueden contribuir a ocultar el feto, favoreciendo un crecimiento limitado de la panza durante el embarazo.  Sin embargo, especialistas que han estudiado este trastorno en su aspecto psíquico han planteado hipótesis de orden psicoanalítico para explicar este fenómeno: la negación de la gestación por la madre podría tener su origen en traumas de la infancia, y luego de la negación su cuerpo respondería suprimiendo los síntomas de la gestación –la panza no crece y aún el sangrado menstrual puede seguir ocurriendo como si no hubiese embarazo alguno–. 

La evaluación de la Defensoría General de la Nación confirma la historia clínica de La China  

Según relata La China en su testimonio, sus dos primeros embarazos ocurrieron de esta forma. En el primero no hubo crecimiento de la barriga y el sangrado menstrual no tuvo cambios. Fue su madre quien se dio cuenta de que estaba embarazada. En su segundo embarazo, cinco años después, fue su esposo quien se dio cuenta de la gestación, ante la ausencia de síntomas. 

En el primer embarazo La China desarrolló un sentido de culpa para con su bebé, por no haber sido consciente de su gestación, ya que esto pudo haber puesto en peligro la vida o la salud del feto. Adicionalmente el padre del niño no se hizo responsable, y ella asumió toda la carga de la manutención y la crianza. Tuvo varios trabajos al mismo tiempo, formales e informales, desde vendedora por catálogo, pasando por conductora de taxi, hasta un cargo de docencia en una universidad privada, para poder sostener a su niño.  

Dos años después La China inició una relación con quien aún es su compañero en la actualidad. Fruto de esa relación nació un segundo niño. La no consciencia del segundo embarazo trajo como consecuencia una falta de preparación psicológica y física necesaria para el parto. Esto generó graves complicaciones durante el proceso. Aquel nacimiento traumático en el que el niño casi pierde la vida dejó secuelas en el desarrollo psíquico del bebé. Hoy día sufre de una discapacidad cognitiva. 

Luego de su segundo embarazo, La China no tuvo deseos de volver a experimentar aquel proceso incierto y tortuoso. Sin embargo, volvió a quedar embarazada en dos oportunidades, sufriendo en ambos casos el mismo trastorno de negación, pero con la diferencia de haber tenido interrupciones espontáneas del embarazo. En el último de estos abortos espontáneos, el feto tenía siete meses, y tuvo que atravesar la dolorosa experiencia de cremarlo.  

La evaluación psicológica realizada por profesionales de la Defensoría General de la Nación el día 8 de enero de 2021, constata lo señalado por la compañera en su testimonio: 

 “En este contexto, y de acuerdo a la evidencia disponible la examinada experimentó un proceso de negación generalizada del embarazo. No vivenció modificaciones o cambios corporales, refiere que nunca dejó de menstruar, no presentó nauseas ni vómitos, interpretó el aumento de peso al aumento de la ingesta de comida por la pandemia, al igual que lo que sucedió con todo su grupo familiar”. 

“En este contexto, presentó un importante cuadro disociativo con despersonalización durante el parto y los momentos posteriores al mismo. El parto no fue vivenciado ni introyectado como tal sino como la expulsión de coágulos durante una menstruación abundante. Es decir, que no existió representación psíquica de la gestación de un bebe y mucho menos del nacimiento de un hijo”. 

A pesar de que la evaluación de los especialistas demostró que La China padece del trastorno de negación del embarazo, desde el primer momento el Estado la criminalizó usando como argumento lo que en realidad fue una emergencia obstétrica. 

Madre, trabajadora, migrante y criminalizada 

A inicios de la pandemia la empresa para la que trabajaba hizo recortes de presupuesto y en consecuencia despido de personal, por lo que ella quedó temporalmente sin trabajo. Además, la situación de hacinamiento durante la cuarentena colocó más presión sobre ella: aparte del trabajo a distancia para ganarse el pan, debía asumir la educación formal de los hijos desde el hogar ante el cierre de las escuelas, etc.  

Ella relata que debía someterse a controles médicos, pero no fue posible durante la pandemia porque la prioridad en los centros de salud era la atención de pacientes con Covid-19. El estrés por la dura cotidianidad de aquellos días, de la que no pudieron escapar ni los venezolanos que migraron, porque la crisis capitalista agudizada por la pandemia se expresó en todo el mundo, le provocaron flujos menstruales más de una vez al mes. La mañana del 16 de diciembre tuvo un sangrado menstrual profuso, con coágulos, pero sin saber que estaba de nuevo embarazada. Era tan inconsciente de que estaba pariendo, que momentos antes, a pesar del dolor, seguía trabajando sobre los estados contables de la empresa para la que laboraba entonces. 


Como el sangrado menstrual se había tornado bastante doloroso y abundante, no consideró que aquel día hubiese una causa distinta. Debido a lo abundante de la sangre y los coágulos presentes. La China decidió depositar las sábanas en la basura, un cartonero las encontró y denunció ante la policía que había un feto allí. En pocos días detuvieron a la China y a su compañero.  

No obstante, siempre se trató de una emergencia obstétrica. La China parió de emergencia sin saberlo, y además el parto fue lo que se denomina un parto en avalancha, es decir, un parto abrupto en el que se expulsa en el mismo momento la placenta, el feto y los coágulos de sangre. 

Un flagelo que se extiende a lo largo del continente 

El trastorno de negación del embarazo afecta a miles de mujeres en todo el mundo cada año, provocando emergencias obstétricas que en muchos casos, son transformadas por el Estado capitalista y su justicia en acusaciones penales.  

A manera de ejemplo, en 2016 una organización feminista mexicana daba cuenta de al menos 500 casos de mujeres privadas de libertad por emergencias obstétricas. En El Salvador, casos como estos han ocurrido durante la última década, y continúan ocurriendo, con penas de hasta 30 años de cárcel – la misma pena que se le podría imponer a La China si el tribunal la declara culpable a finales de este mes–. 

Aunque no contamos con cifras específicas de otros países en la región, las cifras generales de causas judiciales abiertas por abortos nos permiten tener una noción –si bien bastante imprecisa– de la magnitud de los casos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas cada año, como es el caso de aquellas compañeras que sufren trastorno de negación del embarazo. A este respecto, tienen relevancia sobre todo los casos en los que existe un historial de violencia doméstica o familiar, inclusive desde la infancia, porque como hemos visto, ello puede desencadenar el trastorno de negación del embarazo en las compañeras gestantes. 

En Perú, durante la década pasada, se ha judicializado a mucho más de un millar de mujeres. En Colombia, más de 2000 mujeres fueron judicializadas por abortar entre 2005 y 2017, de ellas unas 500 eran menores de edad, y en particular 3 tenían entre 11 y 12 años de edad. Estas últimas resultaron embarazadas como consecuencia de abuso sexual. En Venezuela no tenemos cifras precisas de los casos de mujeres criminalizadas por abortos espontáneos o clandestinos, pero sin duda la tasa de abortos debe ir en auge, sobre todo cuando hoy Venezuela encabeza la lista de países con mayores tasas de embarazo adolescente. Tan sólo entre los meses de agosto y diciembre de 2018, el informe Mujeres Al Límite, de la coalición Equivalencias en Acción, reveló que en el país se registraron 2.246 abortos. En el 31% de los casos, las madres eran menores de edad. En algunos casos, cuando el embarazo supone un riesgo para la vida de la madre, existen malformaciones en el feto o hubo abuso sexual, hay madres que cruzan la frontera hacia Colombia para abortar allí, porque –en teoría– bajo esas tres causales el aborto está despenalizado.  

Por supuesto, no podemos olvidar el grave golpe que a mediados de año sufrieron las mujeres trabajadoras de los EEUU, con la derogación de la histórica sentencia Roe vs. Wade por la Corte Suprema. Ya ha habido casos de mujeres con embarazos de riesgo que han sido afectadas por esta medida. Antes de poder abortar, han tenido que esperar a que el bebé se les muera en la panza. 

Lo anterior demuestra que la despenalización del aborto es una tarea urgente y pendiente en la vasta mayoría de los países ex semicoloniales y de capitalismo atrasado –y ahora también en los EEUU–. La lucha por la despenalización, y por el acceso a la salud gratuita y de calidad, y la educación pública en materia de sexualidad, junto a un conjunto más amplio de reivindicaciones para las mujeres trabajadoras y el conjunto del movimiento obrero, es una bandera que la izquierda revolucionaria del continente americano debe tomar con ambas manos y empujar hacia adelante. Una lucha que debe trascender las fronteras nacionales y servir como punto de convergencia del movimiento obrero de nuestro continente. 

El caso de La China tampoco es único en la Argentina 

Antes de la aprobación de la ley de aborto en diciembre de 2020, hubo varios casos que fueron acompañados por el movimiento de mujeres y las organizaciones feministas, y convertidos en banderas de la lucha por la legalización del aborto. 

Desde la cárcel La China comenzó a indagar junto a su compañero sobre la criminalización de otras mujeres que sufrían el mismo trastorno. Descubrió que no era la única privada de libertad aún hoy en la Argentina, por haber sufrido de una emergencia obstétrica. 

En efecto, hasta finales del 2020, un estudio reveló que hubo 1532 causas judiciales por aborto y 37 por emergencias obstétricas, en 17 provincias del país. Este estudio fue llevado a cabo por el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui, junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 

Aunque la despenalización del aborto ha sido un gran paso adelante alcanzado por el movimiento de mujeres y la clase trabajadora, y sigue siendo una referencia para el resto del continente, las marcas de la vieja represión y criminalización estatal contra las mujeres siguen estando allí, en algunos casos en carne viva, con compañeras que aún están tras las rejas. 

Vale la pena recordar el caso de Patricia S., militante piquetera y activista social también presa en el penal de Ezeiza por una emergencia obstétrica. Hacia los 5 años y diez meses de reclusión, Patricia sufrió graves complicaciones de la vesícula y la burocracia funcionarial de la institución actuó con negligencia y desidia frente a su condición. Cuando finalmente fue trasladada al Hospital General de Agudos Dr. Carlos Bocalandro, la infección había avanzado demasiado: ya era muy tarde. Patricia murió por un shock séptico, luego de varios días de agonía y tres infructuosas operaciones de vesícula, esposada a los barrotes de la cama del hospital como si fuese una delincuente o un peligro para otros pacientes. Ni aún en el momento de su agonía los funcionarios del Estado pudieron actuar de forma mínimamente humana, cediéndole el derecho a moverse “con libertad” sobre el que sería su lecho de muerte. Patricia también sufría del síndrome de negación del embarazo. De acuerdo a lo expuesto al principio de este artículo, sería lógico considerar como hipótesis del origen del síndrome en Patricia, el trauma que habían dejado en su inconsciente las brutales golpizas frecuentemente propinadas por su padre desde que era una niña. El Estado no le creyó, simplemente, por ser mujer y trabajadora. Le consideró una asesina. Al igual que en el caso de La China, Patricia era quien estaba a cargo de sus dos hijos –uno de los cuales también padece una discapacidad–, pero de igual forma el Estado le negó el beneficio de arresto domiciliario para poder seguir cuidando de ellos. 

Cómo el Estado capitalista ha castigado a La China por ser mujer y pobre 

Desde el primer momento de su detención La China sufrió abusos psicológicos por parte del personal de la policía, evidenciando cómo la ideología capitalista, de clase y patriarcal, forma parte inmanente del Estado y pervive allí con mucha fuerza. 

Cuando la policía allanó su domicilio, ella estaba sangrando, pero la policía no le permitió cambiarse la ropa, ni hacer las gestiones correspondientes para que tuviese atención médica. 

Luego de pasar los dedos por la tinta del llamado “pianito”, para ser identificada, no se le permitió lavarse las manos por tres días “porque había matado a su hijo”. Durante ese mismo período de tiempo continuó perdiendo sangre, por lo que su ropa interior estuvo siempre manchada. Los funcionarios policiales no le permitieron asearse ni cambiarse de ropa. Indiscutiblemente esto fue una forma de tortura psicológica y física para castigarla por el crimen que según los funcionarios ella cometió, como si ellos fuesen jueces y ejecutores de justicia, además aplicando métodos medievales. Durante los traslados a los peritajes los funcionarios policiales se referían a ella como “un animal que había matado a su hijo y no merecía limpiarse” y señalaban que “no merece ni lavarse las manos”, tal y como La China relató a la prensa en una entrevista telefónica.  

En los primeros siete meses no pudo ver a sus hijos, lo que la conllevó a sufrir de depresión y a estar medicada por psiquiatras. A pesar de ser madre de dos hijos se le negó el beneficio de arresto domiciliario. La única vez que ha podido hacer una visita domiciliaria duró tan sólo media hora y estuvo esposada delante de sus hijos durante toda la visita, como si fuese una criminal, como si fuese un peligro para ellos. Su abogado solicitó se le permitiese no tener las esposas durante su segunda visita, pero el Estado se lo negó. 

A pesar de que su compañero también estaba acusado de homicidio, fue sobreseído en 2021 luego de que no se hallasen pruebas para incriminarle, pero La China sigue detenida aún. ¿Cómo no puede explicarse esto en términos de clase y género? La justicia que el Estado burgués aplica es, además de clasista, patriarcal. 

Casos como este hacen evidente que la ideología de sometimiento histórico hacia las mujeres es un elemento dominante en el Estado capitalista, y, como explicamos los marxistas, esta opresión no podrá ser abolida deforma definitiva hasta acabar con la opresión de clase, que pasa por desmantelar el Estado que la burguesía utiliza para oprimir a la clase obrera, a las mujeres pobres, a los indígenas y al conjunto de capas oprimidas en la sociedad. Y pasa también porque los trabajadores construyamos un Estado propio, basado en organismos asamblearios de democracia directa, con delegados elegibles y revocables en todo momento, y rotativos en la medida de lo posible, que no devenguen salarios más altos que el de un trabajador calificado. 

Un Estado de este tipo, debe servirnos para tomar las palancas de la economía en nuestras manos, pero también para administrar el conjunto de la vida pública. Que la justicia no sea más nunca administrada por tecnócratas y burócratas mimados y privilegiados por la burguesía, que ignoran y desprecian la vida de la clase obrera, que legislan contra los pobres, e incluso con más saña contra las mujeres pobres, -además cargados de dogmas e ideologías reaccionarias, hoy por hoy negadas por la historia- sino por compañeros o compañeras ligados a nuestra clase, que compartan nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones económicas, nuestras luchas y sufrimientos. Estas tareas son fundamentales si queremos que se aplique una justicia realmente humana y justa, y se acabe con la criminalización de las mujeres. 

Una posición de clase ante las aberraciones del Estado burgués 

Para los marxistas, la emancipación de la mujer es un tema crucial. La lucha contra la opresión de la mujer está ligada a la lucha contra el capitalismo y no puede separarse de ella. Sin embargo, esto no significa que vayamos a esperar a que la abolición de la sociedad de clases mejore las condiciones de vida de las mujeres. Los marxistas luchamos contra toda forma de opresión y discriminación aquí y ahora en cada oportunidad. Participamos en las luchas diarias y planteamos demandas concretas: contra la discriminación en la sociedad y en el trabajo; por igual salario por trabajo de igual valor; por el acceso al aborto legal y seguro; por vivienda y trabajo para todos; por atención infantil gratuita y de calidad, y en el caso que nos toca de La China, por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Lo que planteamos no se contradice con el diagnostico de lo que padece La China y cientos de mujeres que padecen lo mismo, sino que entendemos que la opresión y la explotación de la mujer en la sociedad de clases se expresa por múltiples caminos, como así las posibles respuestas conscientes o inconscientes. 

Rechazamos y denunciamos la tortura psicológica desplegada a La China desde su arresto. Denunciamos las condiciones de animalidad a la que se encuentra sometida, agravada por los prejuicios y el atraso no solo de la justicia burguesa, como expresión del capitalismo en descomposición, sino del estado deplorable del sistema carcelario en Argentina. 

El derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una forma de proteger tanto la salud física como la mental de las mujeres, y esto, asociado a una política más amplia en la que se debe garantizar la educación sexual y el acceso a la planificación familiar, es una forma de combatir la clandestinidad a la que se exponen miles de mujeres, aunque se haya aprobado la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ley que aún no garantiza de manera efectiva y concreta la salud y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como así también el derecho a la planificación familiar. 

El contexto de crisis que atraviesa el capitalismo, pone en un estado de precariedad la salud pública como así los programas de educación sexual y el derecho a una salud de calidad y barata para el conjunto de la sociedad. 

Debemos dar una respuesta de clase. El caso de La China, mujer, pobre, migrante y trabajadora obliga a todas y todos los que defienden los derechos democráticos, como así a las organizaciones políticas de nuestra clase, partidos de izquierda y sindicatos a luchar por su inmediata libertad, para garantizar su integridad física y su salud. 

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