Escrito por Jorge Martín
La
oligarquía venezolana y el imperialismo utilizan el estado de Salud del
Presidente Hugo Chávez para renovar su campaña de desestabilización
contra la Revolución Bolivariana. Corren el riesgo de desatar la furia
de los trabajadores y de los pobres.
Pueblo Pa' la Asamblea. Concentración 5 enero Foto: TeleSurTV
El
10 de Enero es la fecha en la Chávez debe jurar como Presidente
re-electo de Venezuela. Sin embargo, con la proximidad de ese día y las
complicaciones que ha sufrido en su recuperación de la cirugía que le
han realizado en Cuba, ello parece improbable. Desde el comienzo del
año, e incluso antes, la derecha venezolana ha desatado una campaña
sañuda y repugnante de rumores y mentiras acerca del auténtico estado de
salud del presidente Chávez con el objetivo de sacarlo de la
presidencia.
El
periódico español ABC ha jugado un papel particularmente prominente en
esta campaña, anunciando en sus titulares que Chávez se encuentra "en
coma inducido" y sus días están contados. De acuerdo con las supuestas
"fuentes de inteligencia" del periódico, Chávez será desconectado
próximamente de los aparatos que lo mantienen con vida. Lo anterior fue
combinado con un aluvión de propaganda y mentiras en las redes sociales,
en una campaña organizada directamente por miembros destacados de la
mal llamada oposición “democrática".
El
objetivo de esta campaña es lograr lo que la oligarquía no pudo
conseguir a través de las urnas (ni previamente a través de golpes de
Estado, conspiraciones, cierres patronales, etc.): el fin de la
presidencia de Chávez, que supondría un duro golpe a la revolución
bolivariana.
La
hipocresía de estas damas y caballeros "demócratas" no tiene límites.
Ellos insisten ahora en que hay que respetar la Constitución y que si
Chávez no está en condiciones para prestar juramento el 10 de enero,
entonces ya no es Presidente y hay que convocar nuevas elecciones de
manera automática. Estas son las mismas personas que primero se
opusieron a la Constitución Bolivariana de 1999, movilizándose contra
ella, quemando copias de la misma en sus manifestaciones, y luego, en la
primera oportunidad que tuvieron durante el breve golpe de estado en
abril de 2002, la abolieron. Ahora, su única preocupación es que la
Constitución Bolivariana “debe ser respetada”. A ellos se une, en este
coro de hienas, la Conferencia Episcopal Venezolana -que también
desempeñó un papel clave en el apoyo al golpe de abril 2002.
Incluso
desde un estrecho punto de vista constitucional están equivocados. La
Constitución es clara al decir (art. 231) que si “por cualquier motivo
sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar
posesión ante la Asamblea Nacional lo hará ante el Tribunal Supremo de
Justicia” (sin fecha especificada).
Éste
es precisamente el mecanismo legal que se activó ayer, 8 de enero,
cuando el Vicepresidente Maduro informó a la Asamblea Nacional que, por
consejo médico, el presidente Chávez no se iba a juramentar el 10 de
enero y que por lo tanto se transfería la formalidad al TSJ.
Desde
el punto de vista legal, el presidente Chávez pidió permiso a la
Asamblea Nacional para salir del país para someterse a tratamiento
quirúrgico en Cuba, en diciembre, el cual fue concedido.
Sólo
en el caso de una "falta absoluta del Presidente" (art. 233), habría
que convocar nuevas elecciones en un plazo de 30 días. La falta absoluta
del Presidente es considerada como tal en caso de “su muerte, su
renuncia” o "su incapacidad física o mental permanente certificada por
una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con
aprobación de la Asamblea Nacional”.
Evidentemente, ninguno de estos casos se aplica ahora mismo.
Esto,
por supuesto, no detendrá la campaña histérica de calumnias y
desinformación de la oposición. Dirigentes de la oposición han declarado
que tienen el "derecho a saber" cuál es el "verdadero estado de salud"
del Presidente y han organizado una comisión de "hombres de probada
reputación" para ir a Cuba para investigar directamente. También
afirmaron que iban a hacer un llamamiento a la "comunidad internacional"
(al imperialismo, para decirlo en términos simples). Todos los que han
sido designados para esta comisión estuvieron directamente involucrados
en el golpe de abril 2002 y realmente deberían estar en la cárcel y no
en libertad vociferando contra el presidente elegido por el pueblo.
Los
mismos capitalistas, terratenientes, dueños de medios de comunicación y
cardenales que organizaron el golpe antidemocrático que destituyó al
Presidente democráticamente electo de su cargo en 2002, ahora están
levantando un revuelo acerca de un "golpe de Estado", supuestamente
organizado por los dirigentes bolivarianos. Insisten en que, a menos que
Chávez jure el cargo el 10 de enero, entonces ya no sería el Presidente
de la República.
En
realidad, dejando a un lado los detalles constitucionales (un campo en
el que no tienen autoridad moral y en la que están equivocados de
cualquier manera), el hecho central que la oposición quiere hacer
olvidar a los trabajadores es el siguiente: El Presidente Chávez fue
reelegido el 7 de octubre recibiendo 8,1 millones de votos (el 55%) en
una elección con una participación sorprendentemente alta de 80%. La
oposición fue derrotada y el pueblo votó una vez más para ratificar el
proyecto de la Revolución Bolivariana, liderado por Chávez. La
oligarquía ahora quiere darle la vuelta a su derrota en las urnas,
dejando al descubierto, una vez más, su auténtico carácter
anti-democrático y reaccionario.
Por
si acaso alguien piensa que los dirigentes de la oposición están
realmente preocupados por el derecho constitucional, su campaña ha
estado acompañada por llamamientos a un "paro cívico nacional" (es
decir, un paro patronal como el de diciembre de 2002 - enero 2003) y por
una campaña sistemática de acaparamiento y especulación de los
alimentos básicos.
Esta
campaña despreciable ha modificado el ambiente entre las masas
revolucionarias de uno lleno de preocupación, tristeza y oraciones por
la recuperación de Chávez, prevaleciente durante la Navidad y Año Nuevo,
a uno de ira y combatividad. Una vez más, el látigo de la
contrarrevolución ha impulsado la revolución.
El
5 de enero, día en que la Asamblea Nacional eligió a su presidencia,
miles de trabajadores y pobres se reunieron en el centro de Caracas para
mostrar su apoyo a Chávez y la Revolución Bolivariana. Esa movilización
vino desde abajo y fue convocada inicialmente por los activistas
revolucionarios. Las milicias populares estuvieron presentes.
Ese
día, tanto el Vicepresidente Maduro como el Presidente de la Asamblea
Nacional Cabello dieron discursos radicales y emitieron duras
advertencias a la oposición. A las masas reunidas Cabello declaró: "con
tristeza pero firmemente les decimos, señores de la burguesía, no se
equivoquen, lo pagarían muy caro." Y el Vicepresidente Maduro agregó:
"aquí sólo hay una transición, del capitalismo al socialismo, con el
presidente Chávez a la cabeza, elegido, reelegido y ratificado”.
Hubo
incluso una declaración clara en el sentido de que las bases serían
consultadas en la selección de candidatos para las próximas elecciones
municipales. Esto es significativo ya que la designación de candidatos
desde arriba fue la principal fuente de críticas de la base
revolucionaria en las elecciones regionales de diciembre.
En
los días siguientes, los diferentes organismos oficiales, en parte en
conjunción con la inteligencia suministrada por las organizaciones
revolucionarias de base, llevaron a cabo una serie de operaciones contra
el acaparamiento y la especulación, que Maduro advirtió serían tratadas
"con puño de hierro".
En
Carabobo, 494 toneladas de harina de maíz pre-procesado (un producto
clave en la dieta básica de Venezuela) fueron incautadas en un almacén
en La Yaguara perteneciente al monopolio privado de comida Polar. Del
mismo modo, 237 toneladas de harina de maíz se encontraron en una planta
de Polar en Cumaná, Sucre. En Nueva Esparta, 26 toneladas del mismo
producto se incautaron de un almacén de Polar, cuando el producto había
desaparecido de las tiendas privadas en la Isla de Margarita durante
semanas. En La Victoria, Aragua, 8.000 toneladas de azúcar refinado
fueron encontradas en una redada en un almacén privado. Se han dado
operativos similares en Táchira, Bolivar, Anzoátegui, Zulia, etc. Estos
son sólo algunos ejemplos que muestran la existencia de una campaña
orquestada para crear artificialmente el desabastecimiento de productos
alimenticios básicos con el fin de provocar malestar y descontento entre
la gente.
Ahora,
se ha convocado una manifestación nacional masiva para el 10 de enero,
el día en que se supone que el Presidente debe realizar el juramento.
Las bases ya se están movilizando para asistir a lo que podría ser otra
gran demostración de fuerza en apoyo a la Revolución. Este es el paso
correcto. Este problema no puede ser resuelto por abogados y expertos
analizando con lupa la Constitución, sino mediante la movilización
revolucionaria de los trabajadores y el pueblo pobre.
El
ambiente entre las bases es claro: la oposición, una vez más, quieren
robar sus votos con los que dieron a Chávez una clara victoria el 7 de
octubre, y no van a permitir que lo hagan. Un activista revolucionario
de los Consejos comunales del revolucionario barrio 23 de Enero lo
expresaba de la siguiente manera al ser entrevistado durante la
manifestación del 5 de enero: "El pueblo de Venezuela continuará
marcando el ritmo de esta Revolución, incluso si se pierde el liderazgo
", y añadió que en este escenario "el pueblo, las clases oprimidas
tomarían las riendas" para continuar adelante.
Es
claro para todos que el estado de salud del Presidente es muy delicado.
Esto ha planteado la cuestión de qué sigue, claramente en la mente de
millones de bolivarianos. La respuesta que surge alto y claro es "nosotros somos el pueblo, esta es nuestra Revolución, y depende de nosotros llevarla adelante".
Las
fracciones más clarividentes de la oligarquía y el imperialismo son muy
conscientes de esto y están tratando de desempeñar un papel más cauto.
El diario español El País, así como publicó ataques virulentos
contra Chávez y el pueblo venezolano, también señaló que la oposición
había sido tomada por sorpresa por la situación y era impotente e
incapaz de tomar la iniciativa. El candidato derrotado la pasada
elección presidencial, Capriles, ha sido sorprendentemente silencioso en
todo este asunto, no da apoyo público a las llamadas de los sectores
más extremistas de la oposición para un "paro cívico". Sin embargo, la
derecha no está en control ni de sus propias filas.
Se
está creando una dinámica que podría llevar a una situación en la que
la Revolución podría ser completada. La ira provocada por el oportunismo
craso de la oligarquía debe ser usada para asestar golpes decisivos
contra la clase de los propietarios. Frente a la especulación y el
acaparamiento, los trabajadores de las empresas Polar y otros, que
monopolizan la producción y distribución de alimentos, deben organizar
comités de control obrero en conjunto con los consejos comunales y
exigir la expropiación de los saboteadores.
De
hecho, es necesaria la expropiación de la familia Mendoza, propietaria
del grupo Polar. Ellos jugaron un papel clave en el golpe de 2002, en el
paro patronal de 2002-03, sus camiones fueron utilizados para bloquear
las carreteras durante los disturbios de la guarimba de 2004, y han
desempeñado un papel decisivo en todos los intentos de sabotear la
distribución de alimentos en contra de la Revolución en los últimos 10 o
15 años. Muchos en Venezuela se preguntan ¿cuánto tiempo más se les
permitirá continuar con sus acciones antidemocráticas en contra de la
voluntad de la mayoría?
El
Ministro de Comunicación también emitió una dura carta a Globovisión,
exigiendo que debe dejar de referirse a Maduro como "presidente
interino", cuando en realidad es el Vicepresidente. Una vez más, los
activistas revolucionarios están exigiendo que finalmente esto sea
utilizado para revocar la licencia de transmisión de un canal que jugó
un papel decisivo en el golpe de abril de 2002 y en todas las
conspiraciones contrarrevolucionarias desde entonces.
Ante
la amenaza de paro patronal (bajo el disfraz de un "paro cívico
nacional"), se deben organizar comités de control obrero en todas las
fábricas y puestos de trabajo para ejercer una vigilancia revolucionaria
y actuar bajo la consigna de la lucha contra el sabotaje de 2002:
"fábrica cerrada, fábrica tomada".
Esta
lucha sólo puede ser ganada, si la clase obrera revolucionaria se pone a
la cabeza del pueblo Bolivariano, mostrando claramente el camino a
seguir para poner en práctica lo que el pueblo votó el 7 de octubre:
¡Socialismo!
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