El pasado 15 de enero, la Asamblea Nacional aprobó 4 acuerdos que se enmarcan en el intento de golpe de Estado avalado por el imperialismo y sus acólitos del cártel de Lima. Los acuerdos, tendrían una actuación en dos frentes, el internacional y el nacional, para lo cual, el acuerdo de usurpación de la presidencia actuaría como bisagra. En un frente interno, lo que buscaría la oposición sería promover un quiebre institucional en las Fuerzas Armadas, por lo que se acordó la necesidad de una Ley de Amnistía para aquellos militares que desconocieran al Presidente Maduro; mientras en el frente internacional, se buscaría acentuar el bloqueo económico con el acuerdo sobre la solicitud de protección de activos producto de la corrupción a 46 países, y el incremento de tensiones en la frontera a través de la solicitud del envío de “ayuda humanitaria”. Veamos con mayor detalle cada uno de ellos.
Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia
El “Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia de La República por parte de Nicolas Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de La Constitución”, sería el centro del plan para promover un cambio de gobierno en Venezuela.
En su artículo PRIMERO, el acuerdo declara “formalmente la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros”, desconociendo la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 en la que un sector importante de la oposición decidió llamar a la abstención. Sin embargo, vemos que la misma oposición que llamó a la abstención para la elección presidencial, participó en las elecciones de gobernadores de octubre de 2017, que contaba con el mismo árbitro electoral, lo que demuestra la hipocresía de una oposición que cuando no encuentra vías electorales entonces recurre a los llamados de injerencia extranjera.
En ese mismo orden, el artículo SEGUNDO del acuerdo señala “Adoptar, en el marco de la aplicación del artículo 233, las medidas que permitan restablecer las condiciones de integridad electoral para, una vez cesada la usurpación y conformado efectivamente un Gobierno de Transición, proceder a la convocatoria y celebración de elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible”. Sin embargo, debemos recordar que la misma oposición tuvo la oportunidad en 2016 de designar nuevos rectores del Poder Electoral, oportunidad que desaprovechó cuando no lograron el cuórum necesario para que la Asamblea Nacional sesionase, por lo que desconocer luego el árbitro electoral sería alegar su propia torpeza política.
Sin embargo, la oposición utiliza todo su poder mediático y sus lobbies internacionales para desconocer una elección en la que por voluntad propia no participaron, agregando en su acuerdo que iniciarían “un proceso progresivo y temporal de transferencia de las competencias del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo”, siendo “El Presidente de la Asamblea Nacional quien se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa legal aprobada hasta tanto se restituya el orden democrático y el Estado de Derecho en el país”, lo que de consumarse implicaría un golpe de Estado.
Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado Venezolano
Para el avance en el frente internacional, la oposición aprobaría el “Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado Venezolano ante los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes Y la Unión Europea ante la flagrante usurpación del Poder Ejecutivo por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros”, el mismo, buscaría agravar la situación económica del país al imposibilitar al gobierno la movilización de sus cuentas.
Así, en su artículo SEXTO, solicitan a los gobiernos antes señalados que “instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en ese país”, solicitud que en el artículo SEPTIMO, se haría directamente a las entidades bancarias.
Como vemos, el acuerdo se enmarca en la política de bloqueo financiero y comercial que ya venía adelantando el gobierno de los Estados Unidos contra el país, a través de sanciones a funcionarios y empresas que establecieran relaciones con Venezuela. Política que perjudica directamente a la gente de a pie, justamente a quienes ellos dicen querer brindar ayuda humanitaria.
Acuerdo para la autorización de la ayuda humanitaria
La oposición ha venido usando la grave crisis económica que atraviesa el país (y en la que ella tiene su cuota de responsabilidad) para demagógicamente hacer llamados a la comunidad internacional solicitando la apertura de un “canal humanitario”, esto no es nada nuevo, pero como vimos en el apartado anterior, los llamados a la ayuda humanitaria no se corresponden con los llamados a un bloqueo financiero que impiden los pagos para la importación de medicinas y alimentos.
Sin embargo, en el marco del intento de golpe, la Asamblea ha aprobado el “Acuerdo para la Autorización de la ayuda humanitaria para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano” cuyo principal objetivo sería el de incrementar las tensiones en las fronteras venezolanas. Lo que se busca con el llamado, es que un contingente con la “ayuda” intente ingresar a Venezuela sin el consentimiento del gobierno, lo que supondría ejercer presión desde dentro (con protestas) y desde fuera sobre la guardia fronteriza. Estrategia que además ha sido aplicada por el imperialismo allí donde ha buscado intervenir militarmente, sea directamente o con la contratación de mercenarios.
Por su parte, Pizarro, quien es diputado de Primero Justicia señalaría a través de su twitter:
“Le hacemos un llamado a todos los organismos internacionales: no permitan que la ayuda humanitaria sea utilizada para el control social ni la propaganda política, no permitan que la ayuda caiga en manos de los corruptos que han robado todos los recursos del país” (https://twitter.com/Miguel_Pizarro/status/1085936953902620673)
Con esto, buscan como mencionábamos antes, generar una situación en la que agentes no gubernamentales se encarguen de gestionar la “ayuda”, ejerciendo de esta manera soberanía y conformándose un germen de Estado opositor.
Si en realidad la supuesta comunidad internacional deseara ayudar a Venezuela, lo que deberían hacer, en primer lugar, es dejar que los venezolanos diriman sus diferencias y apegarse respetar el derecho a la autodeterminación, y, por otro lado, levantar los bloqueos y sanciones unilaterales contra las empresas nacionales, señalando además los criminales indicadores de las calificadoras de riesgo que son un mecanismo de guerra contra el país.
Acuerdo sobre la necesidad de una Ley de Amnistía
Por último, uno de los puntos fuertes de su estrategia golpista sería el “Acuerdo sobre la necesidad de una Ley De Amnistía para los civiles y militares que apegándose al Artículo 333 de La Constitución, colaboren en la restitución del orden”,el cual, en su artículo PRIMERO señala que se acuerda:
“Decretar una Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías de Reinserción Democrática para los Funcionarios Civiles y Militares que colaboren o hayan colaborado en la Restitución del Orden Constitucional y la Restauración del Sistema Democrático en Venezuela”.
Si bien, el acuerdo habla de “civiles y militares”, el fin último es promover un quiebre dentro de las fuerzas armadas ya que la oposición necesita con urgencia contar con apoyos de fuerza para seguir con su plan golpista. Así, no es raro que en días pasados un grupo de militares prófugos, algunos desertores y otros buscados por estar relacionados con conspiraciones internas, leyeran un comunicado desde Perú llamando a sus ex compañeros a colaborar con una transición. Esto no puede ser producto de la casualidad si se toma en cuenta la rápida respuesta de los uniformados, por el contrario, deja ver que el plan ha requerido contactar y reunir a un grupo de desertores y prepararlos para ejercer presión.
Los llamados a las fuerzas armadas para que depongan al gobierno no son nuevas, el golpe de Estado de 2002 contó con la participación de sectores de derecha organizados internamente. Por su parte, María Corina Machado lleva más de un año con llamados continuos a los cuerpos castrenses. Lo que sí es de tener en consideración, es el número de oficiales que en el último año han sido detenidos por el DGCIM por estar involucrados en conspiraciones, lo que si bien muestra un trabajo intenso de inteligencia para evitar el quiebre, también nos dice que la unidad de las FF.AA. no es monolítica.
La abstención del Bloque 16 de Julio
La abstención del grupo parlamentario de 4 diputados de ultraderecha, denominado “16 de Julio” y conformado por partidarios de María Corina Machado, sobre el acuerdo de declaratoria de la usurpación de la presidencia, no pasó desapercibida por el resto de la oposición, y parece ahondar las divisiones que se creían superadas tras la reunión de la dirigente opositora con el diputado Guaidó días antes.
Las razones, serían la diferencia de criterio sobre la situación actual, pues si bien para la mayoría de la oposición, que desconoce la elección presidencial, Maduro estaría usurpando el Poder Ejecutivo, es decir, gobernando de facto, para el grupo de María Corina habría un vacío de poder que debe ser llenado a través de la juramentación de Guaidó como presidente interino. Esta diferencia sería el motivo por el cual el bloque 16 de Julio no votaría el acuerdo de usurpación, pues de hacerlo, estarían reconociendo que el vacío que dicen existe, habría sido llenado por Maduro.
Otros opositores, señalan que además de la abstención, los partidarios de María Corina no estarían asistiendo a las convocatorias de los “cabildos” convocados por la Asamblea Nacional. En la práctica, lo que se demuestra es que más allá de la influencia de la ultraderecha en las redes sociales y su capacidad de contaminar la opinión, tienen una escasa capacidad organizativa y de movilización al margen del conjunto de la oposición, por lo que a falta de músculo político recurren al permanente chantaje de los demás dirigentes (a quienes acusan de colaborar con él “régimen”) y a sus relaciones con la derecha internacional.
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