En medio de la conmoción global desatada por la propagación de la pandemia del virus Covid-19, el imperialismo estadounidense ha decidido escalar en los niveles de agresión e injerencia contra el gobierno venezolano. Hace pocas horas, el Departamento de Justicia de EEUU presentó cargos por narcotráfico, corrupción y promoción al terrorismo contra Nicolás Maduro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y 13 altos funcionarios estatales, buscando legitimar futuras acciones intervencionistas y golpistas en Venezuela. Asimismo, el día 25 de marzo, el Ministro de Comunicación, Jorge Rodriguez, presentó pruebas al país de una nueva conspiración, gestada desde territorio colombiano, dirigida a infiltrar armas a Venezuela, ejecutar operaciones terroristas y concretar un posible magnicidio contra Maduro, de la cual tenían conocimiento Juan Guaidó y asesores norteamericanos. Ambos casos guardan estrecha relación.
Desde Lucha de Clases, sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional, rechazamos enérgicamente esta nueva arremetida reaccionaria.
Las acusaciones del Departamento de Justicia de EEUU también involucran, entre otros, a Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Maikel Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de Justica, Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa, y a Tareck El Aissami, Ministro de Industrias y Vicepresidente para el Área Económica, donde además se ofrecen recompensas de 15 millones de dólares para quien ofrezca información que conduzca a la detención y enjuiciamiento de Maduro, y 10 millones por los demás funcionarios. Cabe mencionar que en la lista de señalados también destacan los nombres de Hugo Carvajal, quien está siendo procesado por la justicia española por cargos de narcotráfico, y Cliver Alacalá Cordones, ambos ex altos oficiales venezolanos, que, como es típico en estas lides, pasaron del bando bolivariano a enemigos rabiosos del gobierno al cual defendían hasta no hace mucho tiempo.
Ante el fracaso de las sucesivas conspiraciones golpistas para deponer a Maduro del poder, la bancarrota política de Juan Guaidó y su presidencia ficticia, la fragmentación de la derecha venezolana y su imposibilidad patente para movilizar a sus bases, el imperialismo estadounidense ha decidido crear condiciones de cobertura para acrecentar su intervencionismo contra el gobierno venezolano, reviviendo los fantasmas de las acciones juduciales contra Manuel Noriega por narcotráfico -antiguo colaborador panameño de la CIA, quien luego decidió distanciarse de sus antiguos amos-, que antecedieron a la posterior invasión del ejército norteamericano a Panamá en 1989 para derrocar a este, no sin generar un terrible baño de sangre. Sobre esto, el asesino Iván Simonovis, nombrado por Guaidó como Coordinador Especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante EEUU, señaló en su cuenta Twiter: «Desde hace algunos meses he dicho que no hay forma que @NicolasMaduro ni sus más cercanos colaboradores escapen de la justicia y que ésta será implacable. La excusa del Coronavirus no los salvará. Tendremos pronto la plataforma legal y actuaremos» (https://twitter.com/Simonovis/status/1243169969287974920?s=19). Más allá del entusiasmo opositor ante una futura incursión militar en Venezuela, donde tropas estadounidenses harían la tarea que la ineptitud derechista no pudo lograr por su cuenta, la amenaza, más que para el gobierno, para el chavismo y el pueblo pobre en general; es clara y no puede ser subestimada.
Si bien, desde Lucha de Clases hemos sostenido en numerosas oportunidades que el imperialismo estadounidense no ha estado en condiciones, más allá del discurso, de ejecutar una acción militar contra Venezuela, debido fundamentalmente a la reticencia de la opinión pública norteamericana a la posibilidad de nuevas guerras; procedimientos leguleyos como el recién emprendido buscan generar antecedentes que dejen puertas abiertas a futuro, ante posibles cambios favorables en las circunstancias y el surgimiento de mejores oportunidades para intervenir directamente, solo si se hace necesario. El pésimo manejo de la crisis desatada por la diseminación del Covid-19 en EEUU, por parte de la administración Trump, tendrá un evidente impacto político a poco más de un semestre para las elecciones presidenciales en ese país. La OMS ha declarado que la nación de las barras y las estrellas puede convertirse en el nuevo epicentro del brote pandémico, que ya ha cobrado la vida de más de 1000 personas en sus fronteras. No sería extraño que la clase dominante yankee esté tratando de escurrir sus problemas internos con la reedición de sus hostilidades contra Irán y Venezuela, algo que no le resultará si es esa la intención.
Recordemos que la actual pandemia por la propagación del coronavirus ha sido el catalizador de una inevitable recesión económica mundial en puerta, que se venía gestando con anterioridad. En los días, semanas y meses venideros presenciaremos una verdadera debacle económica global, que hundirá en impopularidad -y cuidado sino en levantamientos revolucionarios- a todos los gobiernos capitalistas empecinados en redoblar sus políticas de austeridad, para hacer pagar la crisis orgánica del capitalismo a los trabajadores. La administración Trump no escapa a estos escenarios y la clase dominante yankee lo sabe. El escenario electoral estadounidense es otro factor a observar. Las puertas que se abran hoy, entendiendo las acciones judiciales emprendidas contra el gobierno venezolano -y sus implicaciones-, y la necesidad de ganar popularidad ante una crisis sanitaria que hará estragos y una recesión posiblemente peor que la de 2008, pueden ser opciones aventureras a la que el imperialismo, y un desesperado Donald Trump, pueden recurrir. No decimos con esto que la invasión norteamerica ya viene, pero si vale señalar que este escenario está en el campo de la posibilidad. Para que se torne inevitable, deben conjugarse una serie de factores, como parte de los señalados.
La hipocresía del imperialismo estadounidense, que nuevamente intenta apelar al discurso contra las drogas para apuntalar su política, no tiene límites. La facilitación de aviones de la fuerza aérea norteamericana para operaciones de narcotráfico, que servían para financiar a Vietnam del Sur durante la cruenta guerra de Vietnam; el incremento exponencial de la exportación de cocaina de Colombia a EEUU, desde la implantación del Plan Colombia; el crecimiento en la producción y exportación de amapola (para la producción de opio) de Afganistán, desde la invasión al país asiático, y la enorme circulación de dinero -manchado de sangre- proveniente del narcotrafico que se lava en el sistema financiero yankee; son solo algunos casos que evidencian la implicación imperialista en este sucio sub-mundo, que genera miles de muertes al año en los países ruta y productores, mientras en EEUU la demanda de estupefacientes no para de incrementarse. Por otro lado, el enorne prontuario histórico que acumula la Casa Blanca en la promoción al terrorismo es lo suficientemente vasto como para repasarlo. Vale recordar el impulso a los escuadrones de la muerte en Centroamérica durante los 80 y el apoyo en armamento y financiamiento a brazos de Al Qaeda, como el frente Al-Nusra, durante la guerra civil en Siria, por solo mencionar dos casos. Las acciones terroristas que oficiales desertores intentan desarrollar en Venezuela para derrocar al gobierno de Maduro, cuentan con total auspicio del gobierno norteamericano.
Las declaraciones de Cliver Alcalá Cordones
Uno de los datos más relevantes apuntado por Alcalà, destaca el acuerdo entre Juan Guaidó, asesores norteamericanos, JJ Rendón y su persona para la ejecución de dicho plan. El ex oficial de la armada venezolana comentó, notablemente nerviso, que su presencia en la lista presentada por el Departamento de Justicia estadounidense obedece al fracaso de la conspiración, con la incautación de dicho arsenal por la fuerza pública neogranadina. Además, contradictoriamente refirió que «Ninguna autoridad colombiano conocía de la operación que veníamos preparando contra Venezuela. Ni el presidente Iván Duque y las fuerzas militares. Ellos solo se enteraron hasta hace 48 horas». Claramente, Alcalá, viendo las implicaciones judiciales que recaerán sobre él, decidió soltar prenda de todos los implicados, para no irse solo hacia el barranco. Nada de lo dicho nos sorprende.
El que Alcalá haya sido señalado en la lista presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, a pesar de haberse convertido en un enemigo declarado de Maduro y activo conspirador contra el gobierno de este, es objeto de varias interpretaciones. A la versión de este de que su presencia en dicha lista responde al fracaso del plan que adelantaba, se contrapone otra que refiere a que el ex Mayor General puede haber sido considerado por el gobierno norteamericano como un doble agente. Hasta que se demuestre otra cosa, todo parece indicar que el ex oficial fue desechado por EEUU luego de utilizarlo infructuosamente para sus fines desestabilizadores. Una vieja frase popular ante casos como este dice: «así paga el diablo a quienes le sirven». Independiente de cual sea la realidad sobre el caso, es evidente que los constantes llamados a diálogo por parte del gobierno de Maduro hacia Guaidó, el gobierno estadounidense y colombiano, han caido, nuevamente, en saco roto. En lugar de apresar a Juan Guaidó y a todos los implicados, Maduro de forma obstinada sigue instando a la derecha nacional a lograr un acuerdo nacional, ahora para alcanzar soluciones en la contención del coronavirus (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/maduro-invita-a-la-derecha-a-unirse-a-una-mesa-de-dialogo-por-la-salud/).
Una política contraproducente para combatir a la reacción
Nuestro repudio a esta nueva ofensiva imperialista no es, en lo absoluto, un voto de confianza hacia el gobierno de Maduro. Desde hace varios años hemos denunciado el marcado viraje gubernamental hacia políticas antiobreras y antipopulares, selladas con un correlativo progreso de las tendencias represivas contra dirigentes obreros, campesinos y comunitarios, para imponer el brutal ajuste burgués que se le viene aplicando a la economía nacional, que hace pagar las facturas de la crisis estructural del capitalismo venezolano a las mayorías trabajadoras y pobres.
La política de contención salarial y la supresión de las prestaciones y beneficios laborales, de la mano del memorandum 2792, han provocado deserciones masivas en la administración pública, muy convenientes para el gobierno en su intento de achicar el tamaño del Estado y reducir su déficit presupuestario. Las consecuencias se muestran en hambre y miseria para millones de familias. Por otro lado, la orientación patronal del Ministerio del Trabajo y las Inspectoras del Trabajo, se torna incuestionable con los numerosos casos de despidos que cotidianamente se registran en los sectores estatal y privado. La utilización de los cuerpos represivos estatales, como el Dgcim y el Faes, para dirimir luchas obreras merecen también nuestro más contundente rechazo. Aunado a lo anterior, la complicidad de los cuerpos de seguridad del Estado, jueces y funcionarios, con los viejos y nuevos terratenientes se han traducido en desalojos, violencia y muerte para cientos de campesinos, quienes también deben soportar la persecusión de grupos paramilitares.
La llegada del coronavirus a Venezuela ha opacado la demanda de justicia para Orlando Chirinos y Aryenis Torrealba, presos injustamente por enfrentar las mafias de corrupción en Pdvsa. Mientras transcurren los días, los 9 comuneros del Eje Socialista de Barinas siguen encarcelados por atreverse a contruir el «Estado Comunal». Asimismo, el procesamiento judicial contra los 3 trabajadores de la gobernación de Sucre que fueron apresados por exigir mejoras salariales, así como los dos obreros de El Palito, sigue su curso. Todo lo descrito ocurre mientras avanza un franco proceso de privatizaciones de enpresas estatales, en tanto la dolarización informal de la economía progresa, bajo la mirada complaciente del Presidente de la República y su tren ministerial.
Entre las medidas de emergencia tomadas por el gobierno nacional para atender la actual coyuntura impuesta por el coronavirus, destaca una solicitud de préstamo al FMI por 5 mil millones de dólares mediante el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), que aunque no plantea condicionamientos tan estrictos como en los préstamos convencionales de este órgano, si comprende un conjunto de «consensos políticos» y parámetros de sometimiento y de «asistencia técnica», tendientes a la aplicación de un «plan de reformas», o en otras palabras, austeridad y más auteridad. Si bien, ya sabemos que esta solicitud fue denegada, este hecho nos permitió notar la disposición del gobierno a someterse ante las políticas económicas del FMI y del imperialismo. Así pues, resulta bastante inconsistente que mientras se denuncia el bloqueo económico imperialista, el cual también rechazamos, así como las constantes agresiones desestabilizadoras y golpistas de la Casa Blanca, se acuda a laa instancias financieras del mismo poder mostrando el deseo de subordinarse a sus designios. Esta claro que el nuevo endeudamiento que tratará de obtener el gobierno por otras vías -seguramente recurriendo a los países aliados como China-, al final tendrá que ser pagado por los trabajadores y el pueblo venezolano en general, ya sea en forma de más políticas antiobreras, de más recortes a los fondos para la salud, la educación, los servicios públicos, más privatizaciones, y apertura a la explotación de los recursos nacionales a manos de diversos capitales, como garantías o condiciones para facilitar los emprestitos.
La debacle de los precios del petróleo venezolano por debajo de su costo de producción, debido a la caida de la denanda de las potencias consumidoras ante la pandemia del Covid-19 y la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita, amenazan con pulverizar el ya mermado presupuesto estatal. El cubrimiento de las cuentas en rojo, aunado a la asunción estatal de todas las nóminas de las pequeñas y medianas industrias del país, se hará mediante la emisión de dinero sin sustento en producción nacional y en las reservas internacionales, lo que intensificará la hiperinflación que vivimos desde 2017. Por si fuera poco, la destrucción definitiva de la capacidad de compra de los salarios -por debajo de US$ 6 mensuales- no se hará esperar, mientras los así llamados «empresarios patriotas» ven como se protegen sus ganancias, y los comerciantes especulan campantes.
En suma, esta política no puede más que erosionar las bases sociales del proceso revolucionario, las únicas que pueden rescatarlo ante cualquier amenaza. Para los marxistas, no hay ninguna duda de que el tozudo sostenimiento de la política de conciliación de clases nos trajo hasta este punto. La ausencia de una conducción revolucionaria y consecuentemente antiimperialista, amenaza con terminar de enterrar lo poco que aun sobrevive de revolución, que no requiere de una eventual victoria de los planes de la reacción, sino solo de la continuación de la orientación pro-capitalista que ha adoptado el gobierno. «La verdad es revolucionaria».
Para reducir las posibilidades de una victoria imperialista en el país, es necesario rescatar la revolución. Salvando las enormes distancias, Trotsky, durante la guerra civil española, escribió lo siguiente: “Tenéis razón al combatir contra Franco. Debemos exterminar a los fascistas, no para tener la misma España que antes de la guerra civil, porque Franco ha surgido de esa España. Debemos extirpar las bases de Franco, las bases sociales de Franco, es decir, el sistema social del capitalismo” (España 1936-39. Citado en Lenin y Trotsky, qué defendieron realmente). Decimos pues que derrotar a la derecha y el imperialismo pasa por extirpar el capitalismo en Venezuela.
Cuanto antes, se deberían expropiar todas las empresas multinacionales imperialistas, bajo estricto control obrero y popular, en reciprocidad al bloqueo económico y a la congelación de activos de la nación en bancos de EEUU y Europa. Es necesaria además la confiscación de bienes a todos los corruptos -blancos y rojos-, la confiscación de bienes de todos los agentes de desestabilización financiados por Whashintong, la creación de un monopolio estatal de comercio exterior, la nacionalización sin compensación de los monopolios industriales de la burguesía nacional parásita, los latifundios y la banca privada, para poner todos estos recursos bajo un programa económico de emergencia revolucionario, y planificar la producción con plena participación y seguimiento de los consejos de trabajadores y comunas campesinas, que estarían llamadas a crearse o activarse para hacer vigilancia y control del origen y paradero de las riquezas sociales producidas. Obviamente, el llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias no implicará el desarrollo nacional de forma automática. Las dificultades derivadas del atrasado capitalismo criollo y su crisis estructural legarán un conjunto de problemas a superar en la transición socialista. Sin embargo, con estas medidas se podrá garantizar que los recursos nacionales se queden en el país y se destinen hacia la inversión en las fuerzas productivas nacionales. La revolución venezolana debería servir de acicate a la revolución mundial. ¡No habrá victoria final mientras el capitalismo perviva y aceche!
En lo inmediato, Juan Guaidó y todos los políticos de derecha que reciben órdenes y financiamento desde la Casa Blanca, deberían ser apresados. ¡Ya basta de impunidad! Los camaradas que arguyen que la ejecusión de estas medidas supondría una inminente invasión de tropas estadounidenses a nuestro país, deberían preguntarse ¿de qué han servido las medias tintas para contener las amenazas de invasión? Y si se hiciera la revolución de modo completo ¿No se estaría en mejores circuntancias, tanto de control económico y político, con un pueblo organizado y dueño de su propio destino, para repeler las amenazas intervencionistas o incluso para resistir una eventual invasión? Hébert, el revolucionario francés, dijo: “Los moderados han enterrado más víctimas que aquellas que cayeron ante el acero de nuestros enemigos. Nada es más dañino en una revolución que las medias tintas».
Debemos decir que la perspectiva revolucionaria se halla muy distante de las intenciones de la dirección del PSUV, por lo que se hace necesaria la construcción de una alternativa orgánica, que basada en el programa marxista y en los más genuinos intereses de la clase trabajadora, guíe a las masas hacia su auto-organización y la conquista efectiva del poder.
